Propietarios denuncian que los trámites entre dependencias federales retrasan su regularización ambiental y los dejan expuestos a clausuras de Profepa
BACALAR, Quintana Roo.- El burocratismo en balnearios de Bacalar se ha convertido en un obstáculo para propietarios que buscan cumplir con las normas ambientales. Mientras esperan documentos y resoluciones de distintas dependencias, enfrentan inspecciones y posibles clausuras por requisitos que todavía no consiguen completar.
El caso más reciente es el de Los Rápidos, establecimiento ubicado a orillas de la Laguna de Bacalar, que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a la falta de documentación ambiental. Sus responsables aseguran que el problema es administrativo y no deriva de daños ambientales detectados durante la inspección.
Burocratismo en balnearios de Bacalar: años de espera
María Luisa Villarreal Sonora, responsable ambiental del establecimiento, explicó que el estudio de impacto ambiental está listo desde hace más de tres años, pero no han podido presentarlo porque aún necesitan documentos de otras instituciones.
Entre los principales obstáculos señaló los trámites de concesión de zona federal ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Según su estimación, al menos 70% de los balnearios y propiedades particulares asentados junto a la laguna enfrenta dificultades similares, algunas desde hace más de una década.
La situación plantea una contradicción: mientras los propietarios intentan regularizarse, los tiempos de respuesta y los requisitos de distintas autoridades pueden impedirles concluir los procedimientos. Durante ese periodo, permanecen expuestos a medidas administrativas que afectan sus actividades.
Protección ambiental entre trámites y clausuras
Villarreal Sonora sostuvo que Los Rápidos mantiene 96% de su predio bajo conservación y desarrolla actividades turísticas en aproximadamente 3%. También destacó su planta de tratamiento de aguas residuales, separación de residuos, bitácoras electrónicas y capacitación del personal.
La responsable afirmó que el establecimiento ha atendido inspecciones anteriores y aplicado medidas para proteger los estromatolitos y otros elementos del ecosistema lagunar.
Aunque contar con un estudio preparado no sustituye la autorización ambiental correspondiente, el caso pone sobre la mesa el impacto del burocratismo en balnearios de Bacalar: propietarios que aseguran invertir en conservación, pero siguen sin completar su regularización por procedimientos que involucran a varias dependencias.
El reto no es reducir las exigencias de protección ambiental, sino lograr que las instituciones coordinen sus procedimientos para que cumplir la ley no se convierta en una espera indefinida.
